sábado, diciembre 10, 2022

Las dudas que surgen sobre el plan de modernización del CMN

 El Mercurio


Que supone cambios menores, no da solución al problema de centralización del Consejo de Monumentos Nacionales y que crea un nuevo organismo sin claridad, son algunas de las críticas.

María Soledad Ramírez R.

En un anuncio inesperado, el martes pasado, la ministra de las Culturas, Julieta Brodsky, presentó el “Plan de modernización del Consejo de Monumentos Nacionales” (CMN), con medidas como el aumento de la dotación, el traspaso de funciones desde el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural a la Secretaría Técnica del CMN, con el fin de potenciar la descentralización, y la creación de una corporación público-privada del patrimonio cultural, que podría evaluar proyectos y realizar investigación, entre algunas de sus funciones.


Pero el anunció ha despertado comentarios. Una misiva, de carácter privado, enviada por algunos miembros del consejo del CMN a la autoridad le hacía notar que no fueron consultados por este plan y expresaban su preocupación por el tema. Ayer, una carta publicada en “El Mercurio”, del arquitecto Ives Besançon, pastpresident de la Asociación de Oficinas de Arquitectura (AOA), ponía el acento en cuál sería la real efectividad de estas medidas, urgía a la pronta aprobación de la ley de patrimonio que está en el Senado y definía como confusa la creación de la corporación público-privada.


La ministra Brodsky defendió ante “El Mercurio” el plan y comentó sobre no apurar la ley de patrimonio que descansa en el Congreso que, “ninguna ley por sí sola destrabará totalmente los problemas que existen en la tramitación de grandes iniciativas país”. En cambio, agregó, “este plan constituye un avance relevante, un conjunto de medidas administrativas, presupuestarias y reglamentarias que ya comenzaron a ejecutarse (algunas se concretarán el 2023, tienen diferentes tiempos), paralelamente a la tramitación del proyecto de ley de patrimonio cultural”.


La autoridad explicó sobre la corporación que realizarán un estudio previo para determinar sus facultades. “La idea es que esta corporación pueda generar procesos de innovación en la gestión, el conocimiento y la investigación, ámbitos que por su naturaleza no se realizan de manera permanente por las instituciones”, agregó.


La creación de este organismo es uno de los puntos más preocupantes para Emilio de la Cerda, arquitecto y exsubsecretario del Patrimonio en el gobierno de Sebastián Piñera. “Es un anuncio que hay que bajarlo y ver en qué consiste, pero la verdad, si se quiere fortalecer la función pública de la secretaría técnica y ya se sabe más o menos cómo hacerlo, que es contratar arqueólogos, aumentar presupuesto, hacer el cambio legal, por qué generar una institución de carácter privado que tiene funciones muy similares”. Para De la Cerda, la construcción de una institucionalidad paralela a la secretaría técnica lo que hace es debilitar a esta. “Es privatizar la función pública sin reforzar a la entidad que tiene esa misión, y creo que ese anuncio llama profundamente la atención, sobre todo viniendo de un gobierno donde, digamos, al menos, retóricamente, el hecho de fortalecer la función pública y evitar la privatización de funciones públicas, sobre todo en este caso en que hablamos de patrimonio cultural, aparece como un caballito de batalla. Suena muy equívoco un anuncio de esa naturaleza”.


Sobre la delegación de funciones, la ministra Brodsky habla de “procesos administrativos simples y menores, para destrabar evaluaciones de proyectos u otros actos”.


Desde la mirada de De la Cerda, esto no es un plan, sino “una serie de medidas paliativas a la función del CMN que en el fondo vienen a proponer una agenda paralela de mucho menos alcance que la ley de patrimonio que está en el Congreso. Si uno quisiera hacerse cargo de verdad de los problemas estructurales del Consejo, lo que hay que hacer es avanzar en la ley, discutir esto en el Senado, incorporar cosas nuevas que se estimen que se tienen que abordar, etc., pero no hace mucho sentido tener la ley durmiendo ocho meses en el Congreso y proponer una serie de medidas que son de muy corto alcance”.

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