El Mercurio
La SCD cuenta con 65 personas para monitorear restaurantes, tiendas, pizzerías y otros espacios que deben pagar una licencia por la música. Ha iniciado acciones legales contra una decena, incluidos retailers, a quienes acusa de tener un contrato de reproducción con un tercero no legitimado.
Por María José Tapia
Tío Tomate, la Destilería, Santino, Casa Lastarria, Mulato, La CAV, sucursales de Johnny Rockets y McDonalds, solo por nombrar algunos. La Sociedad Chilena del Derecho de Autor ha impulsado cientos de demandas en los últimos años, y una veintena solo en este ejercicio. Todas por no pago de licencia para reproducir música en locales comerciales, restaurantes o retailers. En algunos casos, las deudas superan varios millones.
La ley autoriza a la SCD a realizar la gestión colectiva de los derechos de autor y conexos, y cobrar por esos derechos a quienes los utilicen. Cada local —desde restaurantes hasta clínicas— debe tener una licencia entregada por la asociación. Es un pago mensual determinado por metros cuadrados, cantidad de mesas o ingresos, dependiendo del giro, que puede partir en unos $20.000 al mes hasta varios miles en los casos de grandes superficies.
“El usuario tiene que pedir la licencia. Eso en la práctica casi no ocurre, por lo que tenemos un grupo de ejecutivos de Arica a Punta Arenas que, mediante un sistema informático, busca usos”, señala el director general de SCD, Juan Antonio Durán, sobre las 65 personas que ubican restaurantes y piden firmar el contrato.
Los restaurantes demandados se han defendido aduciendo fuerza mayor por el período de pandemia, y prescripciones. Por ejemplo, a la pizzería Tío Tomate del Mañío le reclaman $4,9 millones y 50 UTM por indemnización. La causa sigue en curso.
“No se cobró en pandemia”, dicen en la SCD. Dieron de baja más de 6.500 usuarios, entre los que cerraron, quebraron o no podían operar. “Antes de la pandemia teníamos 15.500 usuarios y este año esperamos llegar a 13.000, recién. No hemos podido recuperar el nivel que teníamos antes de la pandemia”. Y agregan: “Si un usuario dejó de pagar en la pandemia y no dijo nada, sí estamos demandando, porque eso quedó atrás hace rato”. Al cierre de 2025, la SCD reportaba ingresos por $14.612 millones. De ellos, la mitad proviene de los derechos que pagan las grandes plataformas, como Spotify, YouTube, Netflix. Luego vienen los conciertos y grandes espectáculos. Y entre un 15% a 20% de los retornos tienen que ver con estos locales, denominados Usuarios Generales Permanentes.
A comienzos de junio, la Corte Suprema falló en favor de la SCD. Rechazó los recursos interpuestos por El Mesón de la Patagonia en Lo Barnechea. Le ordenó —se lee— pagar una multa de 5 UTM por infringir la Ley Nº17.336 de propiedad intelectual y una indemnización equivalente a 2,40 UTM mensuales, más un 50% por derechos conexos. Existen otros varios casos en los que la SCD triunfó, estrategia que ha dado un paso más.
La arremetida sobre los retailers
El 27 de mayo, la organización demandó a Walmart y todas sus filiales, antes lo había hecho también con Cencosud.
En 2017, ambos retailers habían firmado un contrato de reproducción de música con la empresa D&A, que según la SCD contraviene los artículos 67 y 91 de la LPI, que plantean que el cobro de derechos deberá efectuarse a través de la entidad de gestión colectiva que los representa.
D&A Licencing fue fundada en 2016. A diferencia de la SCD que gestiona colectivamente derechos de autor, D&A —señala— gestiona de manera individual, no se basa en un repertorio, sino en un catálogo determinado de unas 900 canciones —la SCD procesa 50 millones semestralmente—, autorizadas por sus titulares, directamente o a través de la firma de gestión de derechos europea, Soundreef, según subrayan en las acciones judiciales. Todos, planteamientos que SCD rechaza. “Ellos recurren a un eufemismo, al decir ‘no hacemos gestión colectiva, sino gestión individual múltiple', pero hacen exactamente lo mismo que SCD”, dice Durán.
Por eso, la acción judicial recae sobre el contrato que firmaron los retailers y D&A. Apuntan a que la justicia los anule. “Sostenemos que no son legales, y por tanto es una operación ilícita”.
En años anteriores, la asociación ya había intentado ir sobre D&A con una querella penal. La Corte de Apelaciones la desestimó. Y los socios de la empresa, tras dos años de investigación, fueron sobreseídos. “D&A sí cuenta con autorizaciones”, señaló el tribunal.
“Solo dijo que esto podrá exigirse por otra vía, no por la vía penal, y por eso estamos demandando civilmente”, señala el dirigente.
“La verdadera razón por la cual la SCD ha interpuesto la demanda es porque pretende arrogarse una representación que no tiene”, dice D&A en una acción judicial. “Pretende —subrayaron— prohibir que mi representada licencie o sublicencie, las canciones respecto a las cuales tiene derecho, erigiéndose con ello como la única alternativa para que empresas que atienden público tengan música ambiental”.
Hace dos semanas, Walmart contestó la demanda. Reiteró que no es primera vez que la SCD intenta ir sobre el rol de D&A. Y que el tribunal ya desestimó esas acusaciones. “La SCD confiesa que su cuestionamiento no recae sobre el contrato en su individualidad, sino sobre la actividad comerciales de D&A en general. Ese juzgamiento es ajeno a una acción de nulidad”.
Según antecedentes aportados a la causa, en 2023, un Ekono pagaba $32.400 al mes; un Acuenta, unos $62.000; un Express, promediaba $50.000, y un HiperLider podía llegar hasta $82.000 mensuales, por derechos musicales. Todos de la cadena Walmart.
Las tarifas de D&A serían hasta la mitad de lo cobrado por la SCD.
En el caso de Cencosud, la disputa venía desde bastante antes. En 2023 fue la primera vez que SCD demandó a su negocio de mejoramiento del hogar, Easy. Pidió también la nulidad del contrato con D&A. “Las relaciones comerciales entre D&A, Cencosud y Easy no adolecen de objeto ni causa ilícita”, se defendió el retailer. “En definitiva, lo que la SCD pretende es apropiarse ilegítimamente de la gestión de derechos de autor y conexos, sobre los cuales ni la demandante —ni nadie— puede tener derechos exclusivos”, añade la defensa. La causa sigue tramitándose.
Contactados D&A y los retailers, no estuvieron disponibles para este reportaje.


