El Mercurio
Nuestro país estará en sintonía con 120 naciones que han adoptado un marco jurídico común para proteger las obras de arte y el patrimonio cultural y arqueológico.
Mariana González
El robo, la importación o exportación ilegal de obras artísticas y patrimonio cultural en Chile estarán regulados por normas y procedimientos internacionales, a raíz de la adhesión del país a la Convención Unesco contra el tráfico ilícito de bienes culturales, que data de 1970.
Tras su aprobación en el Congreso, en noviembre de 2013, el Presidente Sebastián Piñera firmó el documento de adhesión a esta convención. Y próximamente, la misión chilena en la Unesco depositará el instrumento de ratificación ante este organismo, que a su vez emitirá un certificado que precisará la fecha de entrada en vigor de la convención.
Para prevenir este tipo de delitos, el Gobierno chileno deberá registrar los bienes nacionales que desea proteger -obras de arte, piezas arqueológicas, libros y documentos patrimoniales-, además de ejecutar cambios normativos y procedimentales para evitar que bienes de otros países lleguen o pasen por Chile de forma ilegal.
"El tráfico ilícito de obras de arte y patrimonio cultural genera daño en los países y Chile estaba atrasado en esto. Por motivos que desconozco no se ratificó anteriormente, pero con esto se sientan bases para el fair play y para hacer las adecuaciones reglamentarias de acuerdo con los lineamientos de la Convención", dice Magdalena Krebs, directora de la Dibam.
Esta medida permitirá también estimular la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural nacional.
El Gobierno chileno comenzará a trabajar en los aspectos jurídicos en dos o tres meses más, una vez que reciba la certificación de la Unesco y esta sea publicada en el Diario Oficial. La implementación de los cambios tardaría cerca de dos años.
Krebs afirma que han desarrollado acciones para acelerar esta adaptación al conformar una mesa de trabajo y grupos de capacitación en los que participan instituciones involucradas como el Servicio Nacional de Aduanas, la Policía de Investigaciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como el Consejo de Monumentos y la Dibam, instituciones que coordinan estos trabajos.
Hasta la fecha, la Convención de 1970 ha sido suscrita por más de 120 países, por lo que Chile rompe el aislamiento que tenía en la materia y se suma al trabajo regional e internacional.
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