En 2013 se cumple una década desde la creación del organismo que prometía "apoyar el desarrollo de las artes y la difusión de la cultura". Consultamos a seis personalidades de nuestro mundo cultural para saber si se ha notado, o no, la mano del Consejo: para bien o para mal, lo que más se recalca es el incremento y mejora de los fondos para la creación.
Juan Ignacio Rodríguez Medina
El 31 de julio de 2003 el entonces Presidente Ricardo Lagos promulgó la Ley 19.891, que creó al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. La ley, que entró en vigencia el 23 de agosto de ese año, estableció como objeto de la entidad "apoyar el desarrollo de las artes y la difusión de la cultura, contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio cultural de la nación y promover la participación de estas en la vida cultural del país". Todo ello guiado por un principio descentralizador -simbolizado en la localización en Valparaíso de la sede del Consejo-, para lograr "un desarrollo cultural armónico y equitativo entre las regiones, provincias y comunas del país".
Hoy, a meses de cumplir diez años, y luego de la gestión de tres ministros presidentes del Consejo (José Weinstein, Paulina Urrutia y Luciano Cruz-Coke), preguntamos: ¿Se ha notado, y de qué forma, su aporte al mundo cultural chileno?
Un ministro no ministro
El Ministerio de Cultura no es un ministerio, y el ministro de Cultura no es ministro. Es, en realidad, un directorio de diez integrantes más un presidente de dicho cuerpo que tiene "rango de ministro" (a lo que se suman un subdirector nacional, consejos regionales, un comité consultivo nacional y comités consultivos regionales). De ahí que, aun siendo un servicio autónomo, con relación directa con el Presidente de la República, su presupuesto sea un capítulo del de Educación y, dice la ley, "todos aquellos actos administrativos del Consejo en los que, según las leyes, se exija la intervención de un Ministerio, deberán realizarse a través del Ministerio de Educación".
De todos modos, la principal novedad que introdujo el organismo, fuera de crear una institucionalidad cultural distinta del Ministerio de Educación, fue que las decisiones serían responsabilidad de un directorio. "El CNCA ha permitido que las políticas culturales se adopten no por una persona -por ejemplo, el Presidente de la República o el presidente del mismo Consejo-, sino por un directorio, o sea, un órgano colegiado que tiene fuerte presencia de la sociedad civil", dice el abogado Agustín Squella , quien participó en la creación del Consejo.
Clara Budnik , ex directora de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), cree que por ahí pasa el aporte del CNCA: "En Cultura un consejo es mucho más democrático que un ministerio, porque tú nunca sabes quién va a ser el ministro, mientras que con un consejo tienes a un grupo de gente, representativo de la ciudadanía, que está opinando sobre políticas culturales".
Para Squella, el CNCA ha aportado con mayor equidad territorial en el desarrollo cultural. Y ha permitido un aumento significativo de los recursos públicos para la cultura: "Confirió carácter permanente a lo que hasta 2003 había dependido de una simple glosa anual en la Ley de Presupuesto -el Fondart- y puso bajo sí a tres consejos y fondos sectoriales de gran importancia: del libro, del audiovisual y de la música". Sin embargo, cree que se está al debe en la coordinación con la Dibam y el Consejo de Monumentos Nacionales, "por causa de la tendencia a que cada repartición del Estado busque antes su propio protagonismo y el de sus jefes que el bien común del país". De todos modos piensa que el Consejo ha cumplido, "en alta medida", con sus objetivos, "aunque en el último tiempo se percibe un cierto desdibujamiento de su directorio y una preeminencia de las autoridades unipersonales".
Marta Cruz-Coke , primera mujer en hacerse cargo de la Dibam, alaba los esfuerzos que se han hecho para implementar una política cultural, lo que -dice- se ha materializado dando importancia a las regiones. Pero, ve un problema de origen en el CNCA: "Es un sustituto fragmentado del Ministerio de la Cultura que no llegó a crearse. Su compleja composición y su falta de medios para alcanzar los fines que le suponen hacen muy difícil su administración". "Por lo demás -agrega- no fue otra cosa que el traslado que se hizo a un órgano distinto de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación". De ahí, dice, su único aporte real: "El antiguo Fondart con más dinero". Por eso cree que, por exitoso que esté siendo, el Consejo "no suprime la necesidad de un ministerio con dos brazos, Creación y Patrimonio"; y que, dada esa falta, la tarea de sus directores ha sido, sobre todo, darle existencia real y presencia pública "a este ente indefinido", labor en la que destaca a José Weinstein y Luciano Cruz-Coke.
Para el psiquiatra y escritor Marco Antonio de la Parra no hay duda de que se ha notado la presencia del Consejo: "En lo bueno, que es mucho, y en lo todavía insuficiente, que también es mucho". Destaca la política de fomento a la creación, que se ha realizado "con grandes dificultades", y los esfuerzos por ampliarlo a regiones: "Me consta, por haber participado en talleres y presentaciones, pero aún no es regular". También la ampliación de la infraestructura, aunque cree que ahora toca llenarla de contenido. También reclama que se concrete el plan de fomento de la lectura. "El potencial del Fondart y del Consejo del Libro es enorme y no está del todo acabado. En algunos gestos da la sensación de que se ha privilegiado el evento antes que el trabajo de investigación y la protección a lo que podríamos llamar las pymes culturales. Creo que debería arriesgarse más en la política de protección al libro y a los artistas. Los proyectos de itinerancia son insuficientes y debe desarrollarse un plan de largo alcance que permita contar con instituciones regionales capaces de tener sus propias agrupaciones y sus propias galerías, tanto para giras como para la creación local", concluye.
El musicólogo y director del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado, Juan Pablo González , cree que el Consejo ha cumplido, "en buena medida", con la expectativa de los artistas de contar con apoyo del Estado para realizar su labor. "Se trata de un apoyo fundamental en el fomento de las artes contemporáneas y de los artistas emergentes, pues se trata de lenguajes menos consolidados en el imaginario público y de artistas menos conocidos por el medio". Sin embargo, piensa que ese "puntapié inicial ha caído muchas veces en el vacío, puesto que los siguientes eslabones de la cadena artística han permanecido ajenos a la labor del CNCA", a saber: las industrias culturales y las audiencias. Por eso destaca que el CNCA haya empezado a fortalecer esos eslabones: "Han aumentado considerablemente en el país las salas para música, danza, teatro y audiovisuales; y se han incrementado los fondos públicos para que radios, canales de TV, sellos discográficos y editoriales difundan producciones nacionales". De ahí que su apuesta para la próxima década sea un Ministerio de Cultura, "que fortalezca la acción cultural en todo el país con la creación de secretarías regionales ministeriales de cultura. El desarrollo de Chile depende también de esto", dice.
Para el presidente de la Cámara Chilena del Libro, Arturo Infante , "sin duda la creación del CNCA fue un gran paso adelante", especialmente "por los estímulos culturales y la administración de fondos para la creación", independientemente de que crea que el presupuesto debiese ser mayor, los evaluadores más capacitados y más equitativo en la repartición de los fondos. Infante también valora su transversalidad y la participación de la sociedad civil, su independencia del poder político de turno y la descentralización que ha generado su orgánica. Pero, dice, "también nos gustaría ver en él una mayor influencia en la concreción de las políticas públicas, con un mayor peso frente a los gobiernos y el Parlamento".
Si atendemos a lo dicho, y en medio del híper anunciado proyecto para crear un Ministerio de Cultura y Patrimonio, al parecer el gran sello del CNCA en el mundo cultural chileno durante estos diez años conlleva, si no una paradoja, al menos una encrucijada: ha aportado un modelo participativo y transversal para diseñar políticas públicas, pero sin el peso institucional para que esas políticas impacten, también, transversalmente y así generar la realidad que la Ley 19.891 promete: un país culturalmente desarrollado, que cree patrimonio y lo conserve, pero sobre todo donde las personas participen de la vida cultural. Lo que, por lo demás, es un derecho humano: "Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes...".
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