Somos el único país de América Latina, y uno de los pocos del mundo, que todavía no ratifica la Convención de la Unesco, de 1970, que combate este ilícito. ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Somos un país paria? Hablamos con los entendidos. Entre ellos, Magdalena Krebs, quien anuncia que solo falta la firma del Presidente Piñera para que el asunto se reactive en el Congreso.
Juan Ignacio Rodríguez Medina
Lo saben Egipto, Grecia, México, Perú, parte de cuyo patrimonio cultural se luce en museos de Europa y de Estados Unidos, sin su consentimiento: regular el tráfico de piezas patrimoniales es indispensable para preservar la memoria de las naciones. Así lo entiende el mundo desde 1970, cuando en París, la Unesco aprobó la Convención contra el Tráfico Ilegal de Bienes Culturales, o, más formalmente, "Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedades Ilícitas de Bienes Culturales". Una actividad que, según el Consejo Internacional de Museos (Icom), ocupa el tercer puesto mundial, tras el tráfico ilícito de estupefacientes y de armas.
Desde 1970, 123 países han aceptado o ratificado el acuerdo; entre ellos, Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos, además de toda América Latina y el Caribe, salvo por once casos: Antigua y Barbuda, Dominica, Guyana, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tobago, Puerto Rico (que no es miembro de la Unesco) y Chile.
"En el concierto internacional somos un país paria que está al margen de lo que debería existir en materia de protección del patrimonio", dice Óscar Acuña, decano de la Facultad de Estudios del Patrimonio de la Universidad SEK y ex secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). Y no es el único que piensa así.
"A mí me parece preocupante", dice Magdalena Krebs, directora de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam). "Si no somos una nación parte, no somos nada", opina Johanna Theile, miembro del directorio mundial Unesco-Icom-CC. "Es arcaico que no lo hayamos hecho", agrega Claudio Gómez, director del Museo Nacional de Historia Natural. "Es una deuda", concluye Emilio de la Cerda, secretario ejecutivo del CMN.
Ética global
El mundo ha conocido de casos de devolución de riquezas patrimoniales. Durante 2011 y 2012, la Universidad de Yale devolvió a Perú cerca de cuarenta mil piezas que el estadounidense Hiram Bingham, descubridor de Machu Picchu, extrajo de la ciudadela inca entre 1912 y 1915. Otros casos se han dado en el marco del Comité Intergubernamental que la Unesco tiene para promover el retorno o restitución de bienes culturales. En 2011, por ejemplo, Alemania devolvió a Turquía la esfinge de Boðazköy (antes, en 1987, la entonces Alemania Democrática ya había restituido a Turquía siete mil tablillas cuneiformes del mismo sitio). Y en 2010, un museo suizo regresó a Tanzania una máscara Makondé.
En la década de 1980, el Museo de Arte de Cincinnati (Estados Unidos) intercambió con Jordania los moldes, de las partes respectivas, del disco de gres de Tyche y del zodiaco, para presentar la obra en su totalidad; e Italia restituyó a Ecuador más de doce mil objetos precolombinos. Incluso el año pasado, en Italia, se realizó una exposición de 31 obras de arte robados o exportados ilícitamente, entre vasijas, fragmentos de frescos, un cuadro de Guercino y otro de Ludovico Carracci, una cruz de marfil del siglo XII, páginas de manuscritos iluminados (o ilustrados), una carta de Cristóbal Colón en latín y dos paneles de cassoni pintados por Bernardino Fungai en el siglo XV.
Chile también ha devuelto objetos, especialmente a Perú (por ejemplo, en 2006, 148 obras de arte y utensilios precolombinos y coloniales). Y además se ha visto beneficiado por lo que, a estas alturas, es una ética global en la materia: en 2010, el museo Senckenberg, en Frankfurt, Alemania, devolvió los restos del Pelagornis chilensis, un ave prehistórica, de unos siete millones años, cuyos 6,5 metros de largo alar la convierten, probablemente, en la más grande del planeta. El esqueleto fue descubierto en 2006, en Bahía Inglesa, por unos huaqueros que se lo vendieron a un coleccionista alemán, quien luego se lo entregó al museo Senckenberg. Otro caso ocurrió en 2011, cuando se recuperaron desde Suiza cuatro momias de la cultura Chinchorro. "Hoy esto es un estándar, una manera de trabajar en materia de tráfico de bienes culturales. Y nosotros, como país, no podemos estar ajenos a eso", dice Magdalena Krebs.
Hay quienes señalan que Chile se está convirtiendo en un corredor para el tráfico ilícito o que, al menos, estamos expuestos a serlo. "Aparecen cosas acá, se blanquean y después aparecen en otra parte, porque no tenemos la Convención", dice Claudio Gómez. "Y eso nos deja en mal pie -agrega-, porque tenemos vecinos, sobre todo Perú y Bolivia, con una increíble riqueza arqueológica".
Emilio de la Cerda matiza: "No necesariamente Chile es una zona de paso". "Lo que ocurre es que no se ha ratificado la Convención, pero, en esa carencia, hemos aceitado todos los mecanismos internos del Estado, con la Bidema (Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y el Patrimonio Cultural, de la PDI), el Servicio Nacional de Aduanas, la Dibam y el Consejo de Monumentos Nacionales, para poder, sobre la base de nuestro marco jurídico vigente, frenar el tráfico ilícito".
Barreras internas
Entre 2007 y 2011, la Aduana chilena incautó 2.352 objetos patrimoniales. Para combatir el ingreso o salida ilegal de bienes patrimoniales, nuestro país, al no contar con la Convención de 1970, ocupa normas aduaneras y algunos acuerdos y convenios bilaterales y multilaterales. En el caso de piezas chilenas, se utilizan normativas específicas, como la ley que creó el Departamento de Isla Pascua (donde se establece la regla general para la salida de Chile de bienes patrimoniales), y especialmente la ley de Monumentos Nacionales, gracias a la cual la Policía de Investigaciones (PDI) incautó 24.550 objetos entre 2009 y 2012.
Richard Oliva, jefe de la Bidema Metropolitana, asegura que no tiene antecedentes que permitan afirmar que Chile sea un corredor. También destaca el trabajo que hacen monitoreando "constantemente" portales web donde pudiesen adquirirse objetos chilenos desde el extranjero. Y "además -dice-, la PDI es integrante de Interpol, organización que posee una plataforma en internet que permite ingresar las piezas que han sido sustraídas en distintas partes del mundo". Sin embargo, Oliva reconoce que, en el caso de toparse en Chile con un bien sustraído, por ejemplo, en Perú, "no hay facultades" para requisarlo: "Tendría que haber un requerimiento a través del gobierno". Al respecto, Emilio de la Cerda señala: "Yo te diría que ahí está el gran norte de la ratificación que se está buscando de la Convención de 1970". Un norte que ratifican las palabras de Magdalena Krebs: "He participado en muchas reuniones internacionales donde los países vecinos nos piden con mucho anhelo e insistencia que ratifiquemos la Convención". De hecho, de contar con ella, entre otras cosas, podríamos tener la asistencia técnica de la Unesco, además de aunar y compartir experiencias a través de la cooperación internacional.
Si bien el país tiene una institucionalidad preocupada de proteger nuestro patrimonio internamente, la ratificación de la Convención de 1970, además de comprometer a Chile en la lucha contra el tráfico ilícito de piezas patrimoniales extranjeras, es también una herramienta para proteger de mejor manera nuestros bienes, especialmente nuestra riquezas arqueológicas y paleontológicas, lo mismo que objetos de Isla de Pascua y piezas coloniales, que son lo más apetecido en el mercado.
Incluso, según cree Carlos Aldunate, director del Museo Chileno de Arte Precolombino, ser parte de esta convención y de los distintos acuerdos internacionales en esta materia nos deja en mejor pie para negociar el retorno de objetos que quedan fuera de la convención. "El hombre de cobre, por ejemplo. Tenerla firmada nos da más autoridad moral para hacer gestiones de repatriación de nuestro patrimonio". Hoy -señala Johanna Theile- dependemos "de la buena voluntad del país que encuentra objetos patrimoniales chilenos", como en los casos del Pelagornis o de las momias nortinas.
El atraso que tiene Chile en la materia es claro. Y hasta absurdo, si tomamos el caso de la "Convención sobre defensa del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las naciones americanas", de la OEA. Este acuerdo, conocido como Convención de San Salvador, que tampoco ha sido ratificado por nuestro país, se adoptó el 16 de junio de 1976 en... Santiago de Chile. Y para mayor abundancia, tampoco nos hemos sumado al convenio de Unidroit (Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado) de 1995, "sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente".
"Veo con pena lo que pasa aquí", confiesa Theile. "Sería mucho más feliz si pudiera pisar la Unesco diciendo 'aquí estamos, en Chile firmamos todos los acuerdos, estamos al día, nos importa el patrimonio'".
La firma del Presidente
El acuerdo en la necesidad -urgente- de ratificar el convenio de Unesco es tal, que no queda sino preguntarse por qué no ha ocurrido. De hecho, en 2012, el Senado aprobó un proyecto de acuerdo presentado por el senador Francisco Chahuán para solicitarle al Presidente Sebastián Piñera que reactive la ratificación de la Convención de 1970, pues el proyecto ya está en el Senado: se ingresó en 1991, con la firma del entonces Presidente Patricio Aylwin, se discutió, y finalmente se archivó porque la Cámara Alta consideró que, antes de la ratificación, era necesario ajustar las normas y leyes nacionales.
Fuera de eso, la razón para que esto no haya avanzado en más de cuarenta años sería el temor que tienen algunos de que se abra la puerta para pedir la devolución de piezas extranjeras que se encuentran en Chile, en museos o manos de coleccionistas. Se habla incluso del Huáscar y otros bienes peruanos. Pero no hay tal, porque la convención no es retroactiva: sólo empieza a regir desde el momento en que el país la ratifica.
"Puedo entender ese temor, pero si se firma el convenio se sanea todo lo del pasado. Entonces es absolutamente inentendible este asunto", señala Carlos Aldunate.
Y entonces, ¿por qué no se ha ratificado? "Yo creo que no hubo realmente interés, de las instituciones y de los encargados del tema, de perseverar y hacer un trabajo sistemático para conseguir que Chile ratifique esta convención", responde Magdalena Krebs. Con lo de "trabajo sistemático", la directora de la Dibam hace referencia a una serie de acciones realizadas durante los últimos años: como la mesa de trabajo, constituida en 2011, sobre el tráfico ilícito de bienes patrimoniales o el seminario sobre la materia, desarrollado el año pasado.
Paralelamente a eso, cuenta que se iniciaron las gestiones al interior del Estado "para hacer la solicitud oficial para conseguir el desarchivo en el Senado". "La buena noticia que tenemos -dice Krebs- es que esta solicitud ha sido acogida por el Ejecutivo, ya fue firmada por los ministros de Educación y Relaciones Exteriores, cuyas carteras están vinculadas a esto, y está actualmente a la espera de la firma del Presidente". Eso significa, asegura, que será enviado al Congreso en los próximos días: "Ya está en el escritorio del Presidente".
La Cancillería ha trabajado "muy cercanamente con la Dibam", según dice Germán Guerrero, director de la Dirección de Asuntos Culturales (Dirac) de dicha secretaría. "Es muy importante que el Congreso apruebe este convenio", señala. "Es muy bueno, desde todo punto de vista, sumarse a las iniciativas que tengan por objeto impedir el tráfico ilícito de bienes culturales". En ese sentido, destaca la suscripción en 2011 de un acuerdo con México (hay otro con Ecuador, de 2012) y las intenciones de hacer lo mismo con Colombia. "La Cancillería está preocupada del tema", dice. "Es algo muy vigente, que necesita un marco regulatorio internacional, que es lo que buscamos con la ratificación de la Convención de 1970". ¿Y las de 1976, de la OEA, y de 1995, de Unidroit? "Como dice el viejo dicho, la alcachofa hoja por hoja, primero tenemos que despejar este".
El asunto es si, una vez en el Senado, no se volverán a presentar las mismas objeciones que frenaron la ratificación en 1995. Responde Krebs: "Lo que pasa es que se ha trabajado mucho desde entonces. Desde esa fecha hasta ahora, Chile ha conceptualizado su trabajo en el ámbito del patrimonio de una manera muy profesional. La legislación actual nos permite perfectamente ratificar esta Convención". Habrá que ver.
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