El Mercurio
Como parte de la reunión mundial, tres expertos de Holanda, Ecuador y Chile sugieren mayor descentralización y subsidios para la conservación de edificios históricos, además de proyectos que incluyan la participación local.
Mariana González
La protección y el rescate del patrimonio cultural será uno de los temas que centrarán la discusión durante las actividades de la Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura, que se llevará a cabo en Santiago a partir de hoy, y hasta el jueves.
Tres especialistas en el tema coinciden en que una mayor participación de la sociedad civil, mayores recursos económicos, además de subsidios e incentivos fiscales, son fundamentales para lograr la conservación y el rescate del patrimonio cultural en Chile.
Christa Meindersma preside la fundación Príncipe Claus, en Holanda, una organización que ha realizado intervenciones en sitios históricos en África, América Latina y Asia. De acuerdo a su experiencia, dice que los proyectos de conservación deben involucrar a las comunidades locales, que "están más cerca y son capaces de responder más rápidamente cuando ocurre un desastre que pueda afectar a edificios históricos u otros bienes materiales".
Afirma que, con el trabajo realizado en su programa de respuesta a emergencias culturales, han involucrado a las organizaciones civiles de manera que en lugares como la región de los Himalayas, el conocimiento regional ha sido aplicado para lograr que el patrimonio restaurado sea más resistente a sismos.
"Puedo imaginar que una estrategia similar podría funcionar en Chile", dice Meindersma, quien estará en la mesa de trabajo sobre patrimonio en riesgo.
El académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), en Ecuador, Fernando Carrión, concuerda en que la colaboración ciudadana es el elemento más próximo para fiscalizar la mantención de edificios históricos y generar planes de contingencia en caso de desastre.
Como ejemplo pone a la ciudad de Cartagena, Colombia, en donde se incorporaron grupos de ciudadanos que monitorean el estado de los edificios antiguos o en desuso del centro histórico para evitar algún siniestro. En su opinión, lograr este nivel de involucramiento pasa por la descentralización de los programas, los recursos humanos y el financiamiento destinados al patrimonio cultural.
"En los países de América Latina con políticas descentralizadas es donde se han producido los mejores resultados: Quito, Ecuador, tras ser declarada patrimonio de la humanidad; Salvador de Bahía, Brasil; Cartagena, Colombia, o Cusco, Perú".
El académico de Flacso va más allá, pues considera necesario involucrar a los municipios en los proyectos de índole patrimonial. Afirma que esto es posible creando sistemas de administración "por competencias; es decir, que defina qué responsabilidades de protección, conservación y rescate tendrán las autoridades locales y el gobierno central".
Leyes e incentivos
En 2013, siete edificios históricos en Chile -en Santiago, Concepción y Valparaíso- sufrieron incendios. Aunque no se ha comprobado en ninguno de los casos, existe la sospecha de que el fuego pudo ser iniciado de forma intencional para dañar los inmuebles.
Esta práctica es común en algunos países de América Latina donde se permiten nuevas edificaciones para sustituir palacios o casonas antiguas derrumbadas, y donde entran en juego intereses inmobiliarios, dice Carrión.
Según él, evitar que los dueños de edificios históricos vendan sus propiedades a proyectos inmobiliarios más modernos es posible mediante incentivos fiscales.
El especialista apuesta también por otro tipo de medidas: "Hay que hacer nuevas modalidades, una especie de subsidio que permita transferir a zonas más limitadas en uso de suelo, que es donde están los edificios patrimoniales, los recursos generados por proyectos inmobiliarios en otros lugares de la ciudad con más libertad de construcciones".
El gobierno de Chile generó el Fondo de Patrimonio Cultural que permite recuperar edificaciones de valor histórico y evitar que sean demolidos, dice Pablo Allard, miembro del directorio del Consejo de la Cultura y las Artes. Pero matiza: "no hemos sido capaces de crear los incentivos para que los propietarios capitalicen su legítimo derecho a percibir una renta (por ellos)".
El profesor de la Universidad del Desarrollo explica que la intención es que los dueños de bienes históricos puedan reducir sus contribuciones fiscales o deducir impuestos en la inversión que hacen en esos inmuebles.
También existe la propuesta en el Ministerio de Vivienda, desde 2006, para explorar un sistema de derechos transables de construcción, que permite que quienes tengan casonas antiguas de valor patrimonial en zonas donde se pueden construir edificios de hasta 20 pisos, puedan vender esos derechos a desarrolladores inmobiliarios en otra zona de la ciudad.
"Esto los motivará a conservar sus propiedades, aunque el proyecto todavía es muy embrionario, porque se requiere que exista un mercado, una serie de reglas, que en Chile no han tenido mucho avance", dice Allard.
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